Necesario reformar Ley de Cambio Climático: investigadores mexicanos

Atmósfera sin Fronteras

México cuenta con 2,469 municipios. 56% de ellos tiene un nivel de vulnerabilidad ante la crisis climática de medio a muy alto, según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).


Por Ivan E. Ortiz (Becario UVICC-ICAyCC) | Atmósfera sin fronteras

A una década de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), el instrumento jurídico que marca la política nacional frente a la crisis climática, investigadores de múltiples instituciones del país instaron a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados a hacer cumplir esta Ley,  legislar una reforma transversal y con perspectiva de derechos humanos, así como asegurar presupuestos suficientes para que las instituciones ambientales y científicas puedan hacer frente a la crisis climática.

Reformas necesarias en la Ley General de Cambio Climático

En la ronda final de paneles del foro “A 10 años de la promulgación de Ley General de Cambio Climático, presente y futuro” un consenso implícito entre expertos y expertas estuvo presente: La Ley, por sí sola, no ha sido ni será suficiente para enfrentar la crisis climática.

Los investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Carlos Gay y Franciso Estrada, coincidieron en que la LGCC  cuenta con  unas bases técnicas y científicas claras; pero no se ha cumplido.

“Tenemos una Ley de Cambio Climático reconocida internacionalmente por lo bien hecha que está; pero necesitamos asegurar que tenga los presupuestos y capacidades suficientes para realmente llevarla a cabo”, comentó al respecto Estrada, también coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC-UNAM).

La investigadora del ICAyCC, Amparo Martínez, coincidió con esto último y señaló durante el panel “El futuro de la Ley General de Cambio Climático: ¿Qué es necesario reformar», que la LGCC no contempla la relación entre el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), donde se estipulan las estrategias y acciones que implementará cada administración federal para hacer frente a la crisis climática durante su sexenio, y el Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación que año con año el gobierno federal destinará para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

“El Anexo Transversal debe contar anualmente con los recursos suficientes para que el PECC pueda llevarse a cabo a lo largo de cada sexenio. De lo contrario queda en letra muerta. La investigación también es pieza clave de la política climática y eso se debe de reflejar en que haya los presupuestos adecuados para realizarla”, comentó.

Asimismo, Martínez propuso como reforma a la LGCC que ésta estipule como obligatoria la formación en cambio climático para toda persona que ejerza un cargo público, en todos los órganos y niveles de gobierno; de manera análoga a la Ley Yolanda, en Argentina.

La Ley Yolanda —llamada en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera mujer que dirigió una Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente en América Latina— tiene como objetivo el garantizar la formación integral en desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.

Por último, Amparo Martínez propuso reformar la LGCC para fortalecer la educación ambiental: “Se han realizado en los últimos años manuales para profesores; pero hay que reforzar la educación ambiental en  todos los niveles”. Jorge Zavala, investigador y director del ICAyCC, coincidió con esta propuesta y señaló: Necesitamos llevar el cambio climático a las materias de todas las escuelas del país”.

En su participación, Jorge Zavala enfatizó que las futuras modificaciones de la LGCC deben considerar la dinámica cambiante de la crisis climática y para ello, es necesario saber exactamente a qué nos vamos a adaptar, es decir, fortalecer el monitoreo continuo de variables físicas, ambientales y cualquier otra que pueda ser afectadas por el cambio climático.

Un reto para fortalecer estas redes de monitoreo, a decir de Zavala, es el presupuesto a las instituciones responsables: “El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene un presupuesto de aproximadamente 0.6% del presupuesto de la Conagua. Ni siquiera es el 1%. Y la Dirección General Técnica, que gestiona las aguas superficiales y aguas subterráneas, tiene también un presupuesto menor al 1% del presupuesto de la Conagua”, señaló el exdirector del SMN.

Una política climática transversal y con perspectiva de Derechos Humanos

Jorge Zavala apuntó además que una de las tareas pendientes en México es identificar las vulnerabilidades del cambio climático en cada municipio, estado y región. “Eso es algo que requiere mucho trabajo de la academia y de la colaboración con los gobiernos estatales y municipales”.

México cuenta con 2,469 municipios. 56% de ellos tiene un nivel de vulnerabilidad ante la crisis climática de medio a muy alto, según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Sin embargo, de acuerdo con el estudio de 2020 «La agenda Internacional y las acciones de México ante el Cambio Climático» de la Auditoría Superior de la Federación, para 2020 sólo 493 municipios (menos del 20%) cuentan con un Atlas de Riesgos, un documento donde se identifican los niveles de peligro y riesgo para todos los fenómenos naturales susceptibles en cada zona.

Al cierre de su intervención, el científico, planteó una pregunta en el contexto de la política climática del actual gobierno federal: “¿Cómo construimos nuestra trayectoria de emisiones preservando la soberanía nacional y sin aumentar la desigualdad de este país?

Para Amparo Martínez y varios investigadores presentes en el foro, la respuesta está en un enfoque de Derechos Humanos: “Es necesario que la política climática sea con respeto a los derechos humanos, disminuyendo las desigualdades y la pobreza”.

Para Martínez —quien también fue directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) desde su creación con la promulgación de la LGCC en 2012 hasta diciembre de 2021— lo que se necesita es reforzar y cuidar las instituciones: “El Estado mexicano, independientemente de quien lo gobierne, debe contar con información propia, confiable e integrada sobre cambio climático. Y tienen que existir instituciones para generar ese conocimiento. Nos ha costado décadas llegar a tener un INECC. Necesitamos una institución autónoma que sea el brazo técnico de la política climática.”

En ese sentido, Martínez y Franciso Estrada propusieron la integración de un Centro de Estudios Estratégicos en Cambio Climático, que conduzca la agenda científica, social y política de México frente a la crisis climática.

Por otro lado, para Miguel Ruiz y Carlos Arriaga, investigadores del Tecnológico de Monterrey y de la UAM, respectivamente, no basta con hacer una reforma a la LGCC; sino que se necesita una serie de reformas para transversalizar el cambio climático en la legislación mexicana.

Finalmente, Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, cerró el evento apuntando que la Comisión se compromete a recopilar todas las propuestas vertidas en el Foro y generar un material que les permita dar continuidad a cada punto.

“Vamos a tomar en cuenta para una posible reforma el fomentar acciones locales y el respaldo presupuestal a estados y municipios, la transversalidad de la Ley General de Cambio climático y su conexión con los Derechos Humanos, la inversión en investigación en Ciencia y Tecnología, la creación de un Centro de Investigación en Estudios Estratégicos en Cambio Climático y el cumplimiento de los acuerdos firmados por México”, señaló la diputada del PRD.